Quiten el embargo ra ra ra vocifera Vivanco

Video de relajacion
Canta Beni More
Tongolele prometio no regresar
jamas a Cuba ......y lo ha cumplido


Falacias de Vivanco

Informe a favor de Cuba . Manipulacion
y retorica cinica del chileno Vivanco

Conspiracion o manipulacion del Sr. Vivanco

1- no puede provenir unicamente desde adentro
2-no ha contribuido en absoluto a mejorar la
situacion de los derechos humanos
3- aislar a Cuba
4-despierte compacion
5=Washington perdiera el apoyo de posibles aliados
6- A favor de que quiten el embargo

Estados Unidos es la nacion democratica que mas
ayuda provee a los paises enemigos.

Estados Unidos es la nacion mas odiada en el Mundo.

Los ciudadanos americanos ignoran la impopularidad
y odio que sus aliados les profesan .

El 11 de Septiembre algunos americanos despertaron

Washington, 18 de noviembre de 2009



Dada la efectividad de la maquinaria represiva de Cuba y el férreo control del poder que mantiene el gobierno de Castro, la
presión necesaria para generar avances en materia de derechos humanos no puede provenir únicamente desde adentro de Cuba. Para que tenga éxito, debe ser respaldada por presión efectiva de la comunidad internacional. Actualmente, esta presión efectiva no existe ni desde América Latina, Estados Unidos, Canadá o Europa.

Las medidas del gobierno estadounidense destinadas a impulsar cambios a través de un embargo económico indiscriminado han demostrado ser una decisión costosa y equivocada. El embargo impone privaciones indiscriminadas a todo el pueblo cubano y no ha contribuido en absoluto a mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. En lugar de aislar a Cuba, esta política ha aislado a Estados Unidos, y ha permitido que el gobierno de Castro despertara compasión en el exterior y, a la vez, que Washington perdiera el apoyo de posibles aliados.

Sin duda, el gobierno cubano es el único y absoluto responsable de los abusos que comete. Sin embargo, mientras continúe vigente el embargo, el gobierno de Castro continuará manipulando la política de Estados Unidos para mostrarse como un David latinoamericano que se enfrenta ante el Goliath estadounidense, un rol que sabe aprovechar hábilmente.

Así como la política del embargo de Estados Unidos ha demostrado ser contraproducente, las políticas de la Unión Europea y Canadá tampoco han logrado ejercer una presión efectiva sobre Cuba. La Política Común de la UE establece estándares claros en materia de derechos humanos para la cooperación económica con Cuba, pero el costo que supone el incumplimiento de estos estándares no ha sido suficiente para impulsar que el gobierno de Castro genere cambios. Canadá carece de este tipo de estándares, y promueve inversiones significativas en la isla mientras que condena los abusos del gobierno cubano.

Más grave aún, los gobiernos latinoamericanos de todas las vertientes políticas no se han mostrado dispuestos a criticar a Cuba, y en algunos casos han apoyado abiertamente al gobierno de Castro, pese a sus nefastos antecedentes de derechos humanos. Países como Venezuela, Bolivia y Ecuador se refieren a Cuba como un modelo, mientras que otros admiten discretamente sus abusos y al mismo tiempo impulsan la reincorporación de Cuba a organismos regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA). El silencio de los gobiernos latinoamericanos parece justificar la conducta abusiva de Cuba y perpetúa un clima de impunidad que permite que la represión continúe. Esto resulta particularmente inquietante en una región en la cual muchos países han conocido por experiencia propia el alto costo de la indiferencia internacional frente a la represión estatal.

Todas estas políticas -estadounidense, canadiense, europeas y latinoamericanas- no sólo no han tenido éxito individualmente ya que no lograron mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba, sino que además su naturaleza fragmentada y contradictoria ha permitido que el gobierno cubano continúe evadiendo las presiones y desviando las críticas.

Para subsanar este persistente fracaso, Estados Unidos debe poner fin a su frustrada política del embargo. Debe redireccionar su estrategia hacia Cuba, alejándose de buscar un cambio de régimen y acercándose a la promoción de los derechos humanos. En particular, debe reemplazar las restricciones indiscriminada a los viajes y al comercio con Cuba por formas de presión más efectivas.

Esta decisión alteraría profundamente la relación del gobierno cubano con su propio pueblo y con la comunidad internacional. Cuba ya no podría manipular el embargo como un pretexto para reprimir a su propia población. Otros países tampoco podrían culpar a la política estadounidense por el fracaso de sus propias medidas destinadas a lograr que Cuba rinda cuentas por sus abusos.

No obstante, poner fin a la política de embargo no es suficiente para terminar con la represión en Cuba. Sólo una estrategia multilateral tendrá el poder político y la autoridad moral para poner fin a las prácticas represivas del gobierno cubano. Por lo tanto, antes de cambiar su política, Estados Unidos debería trabajar para conseguir que aliados en la UE, Canadá y América Latina se comprometan a ejercer presión conjunta sobre Cuba para que cumpla una única demanda concreta: la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de esta demanda, la coalición multilateral debe establecer una definición clara de qué es un preso político que incluya a todos los cubanos encarcelados por ejercer sus derechos fundamentales, incluso aquellos detenidos por su "peligrosidad" predelictiva y los 53 disidentes que fueron detenidos en la ola represiva de 2003 y siguen en prisión. La coalición también debe fijar un plazo firme de seis meses para cumplir con este requisito.

Más importante aún, los miembros de la coalición deberían comprometerse a exigir que el gobierno cubano rinda cuentas si no libera a sus presos políticos. Las sanciones deberían ser lo suficientemente graves como para que tengan un impacto real en el gobierno cubano. Y deberían estar dirigidas a los líderes cubanos, en lugar de la población cubana en su totalidad. Algunas opciones incluyen adoptar sanciones específicas dirigidas contra funcionarios del gobierno, como la prohibición de viajar, la inmovilización de activos y la postergación de nuevas formas de inversión extranjera hasta que Cuba cumpla con exigencia de liberar a los presos políticos.

Durante el período de seis meses, los países latinoamericanos, Canadá, la UE y Estados Unidos deberían conservar la facultad de determinar individualmente si aplicarán sus propias restricciones a Cuba. Es probable que algunos países aprueben sanciones específicas contra los líderes cubanos, mientras que otros opten por no aplicar restricción alguna durante ese período.

Independientemente de qué ocurra durante el período de seis meses, si el gobierno de Castro aún mantiene presos políticos cuando vence el plazo, Cuba deberá responder ante la comunidad internacional. Todos los países deben cumplir su compromiso y aplicar sanciones conjuntas contra Cuba que ejerzan presión colectiva sobre el gobierno de Castro para liberar a los presos políticos.

Por otra parte, si el gobierno cubano libera a todos los presos políticos -ya sea antes o después de concluido el período de seis meses- estas medidas punitivas deberían ser suspendidas. Posteriormente, la coalición multilateral debería elaborar una estrategia sostenible y progresiva para impulsar al gobierno de Raúl Castro a mejorar la situación de derechos humanos en la isla. Esta estrategia debería centrarse en ejercer presión sobre Cuba para que reforme las leyes que penalizan el disenso, desarticule las instituciones represivas que aplican tales leyes, y ponga fin a las violaciones de derechos básicos. Asimismo, el impacto de la estrategia debería ser revisado periódicamente para garantizar que no genere más represión que aquella que intenta combatir.

El gobierno de Raúl Castro es, en última instancia, el responsable de estos abusos y tiene el poder para terminar con ellos. Sin embargo, como demuestran los últimos tres años del gobierno de Raúl Castro, Cuba no mejorará su situación de derechos humanos a menos que se ejerza presión internacional para que ello ocurra.